
"Pago con tarjeta, +0,50 €" o "tarjeta solo a partir de 10 €" son carteles que casi todo el mundo ha visto alguna vez junto a un datáfono. Es una forma habitual de trasladar al cliente el coste de la comisión que el negocio paga por cada cobro con tarjeta. El problema es que, desde hace ya varios años, esta práctica no es legal en la mayoría de los casos, aunque siga siendo muy común.
Desde la entrada en vigor de la normativa europea PSD2 —incorporada a la legislación española mediante el Real Decreto-ley 19/2018—, los comercios no pueden aplicar un recargo adicional a los clientes por pagar con tarjeta de débito o crédito de consumo. Antes de esta normativa era habitual ver un precio distinto según el método de pago; hoy esa práctica está prohibida en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, y las autoridades de consumo autonómicas pueden sancionar a los negocios que la incumplan.
La ley es clara en el motivo de fondo: la comisión que cobra el banco o el proveedor del datáfono es un coste del negocio, no del cliente, y debe estar ya incorporada al precio final del producto o servicio, igual que ocurre con cualquier otro gasto operativo.
Hay matices que conviene conocer:
Más allá de la parte legal, aplicar un recargo tiene un coste en confianza: el cliente lo percibe como una penalización por elegir la forma de pago que le resulta más cómoda, justo en el momento en que está decidiendo si vuelve o no. Incorporar la comisión al precio general, en lugar de hacerla visible como un extra puntual, evita ese roce y esa sensación de "letra pequeña" en el mostrador. Y con una estructura de comisiones clara y predecible —como una factura mensual desglosada en lugar de descuentos por operación—, es mucho más fácil calcular ese coste de antemano e integrarlo en el precio, sin necesidad de trasladárselo al cliente en caja.
Cobrar más por pagar con tarjeta no solo genera fricción con el cliente: en la mayoría de los casos, directamente no es legal. La comisión del datáfono es un coste del negocio que debe absorberse en el precio, no un extra que se traslada en el mostrador. Entender esto de antemano evita tanto sanciones como esa sensación de desconfianza que un recargo mal explicado deja en cualquier cliente.